Se ha encendido el debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República ante la propuesta de extender por cinco años el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para operadores de pequeña minería y minería artesanal. La iniciativa, presentada por el congresista Guido Bellido, busca dar una cobertura legal a los mineros en proceso de formalización ante la falta de aprobación de la Ley MAPE.
No obstante, la propuesta ha generado un fuerte rechazo, con advertencias de que podría convertirse en un «salvataje a la minería ilegal».
Extensión vs. normalización de la ilegalidad
La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión, se opuso tajantemente a la extensión, argumentando que una prórroga no es una medida de formalización, sino un “salvavidas para la minería ilegal”.
«Un REINFO eterno es normalizar la ilegalidad. Es mantener viva una puerta a la impunidad. La minería ilegal no necesita plazo, sino una respuesta firme del Estado. Mientras los verdaderos mineros formales cumplen la ley, otros se escudan en el REINFO para financiar redes criminales», sentenció Gonzales.
La legisladora instó a cerrar el REINFO este año y apostar por la formalización real, en lugar de mantener «la ilegalidad disfrazada de legalidad».
Falta de resultados y necesidad de reforma estructural
El congresista Jorge Montoya se sumó al rechazo, al señalar que la prolongación del registro es un engaño a la población que se repite anualmente sin lograr resultados concretos.
«Cuando hablamos de prolongar otra vez el REINFO, estamos engañando a la gente. Cada vez que se prolonga, todo sigue igual y siempre va a continuar igual, porque no hay forma de que se formalicen con esas reglas», afirmó Montoya, reflejando la opinión de que se requiere una reforma estructural profunda en el sistema de formalización minera del país.
El debate subraya la persistente controversia regulatoria en el Congreso, donde la inacción frente a una ley de fondo abre la puerta a soluciones temporales que, según los críticos, solo benefician al crimen organizado y debilitan la autoridad del Estado.
